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troposfera.es España: El Gobierno paraliza la adjudicación del almacén de residuos nucleares
La salida de Francisco Gil-Ortega de la presidencia de la empresa pública Enresa, encargada de gestionar en España los residuos nucleares, tiene ya una primera consecuencia. El Gobierno, que había mostrado discrepancias con la gestión de Gil-Ortega, ha decidido paralizar el proceso de adjudicación de la obra principal del futuro almacén nuclear, que está previsto que se instale en Villar de Cañas (Cuenca). No se dará ningún paso hasta que se pronuncie el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que, como órgano supervisor, está analizando el proyecto y pidiendo información adicional, entre otros asuntos, sobre los suelos en los que se pretende instalar el silo.
Gil-Ortega y su equipo aspiraban a firmar el contrato de esta obra principal en febrero, sin esperar al pronunciamiento del CSN. Sin embargo, fuentes del Gobierno central han asegurado este jueves que el concurso se cerrará una vez que se tenga el visto bueno del CSN. "Vamos a esperar al informe para tomar decisiones", han explicado estas fuentes. "En principio, entre mayo y junio esperamos tener el informe del CSN", han añadido.
En cualquier caso, la intención del Ejecutivo central, que tutela a Enresa, es que el nuevo presidente de esta sociedad pública, Juan José Zaballa, ya ex director general de Paradores después de ser designado presidente de la sociedad pública, sea el que analice la situación y "tome las mejores decisiones".
La paralización del concurso de adjudicación de la obra civil principal (con un coste máximo previsto de 217 millones, sin contar el IVA) no implica que el Gobierno renuncie a la construcción del llamado Almacén Temporal Centralizado (ATC) en el municipio conquense. Una de las primeras decisiones que el Ejecutivo del PP tomó al poco de llegar a La Moncloa tras las últimas elecciones generales fue que este ATC se hiciera en Villar de Cañas. La previsión del equipo de Gil-Ortega era que las primeras obras comenzaran en la primavera de 2015.
El concurso de la obra civil principal se abrió el 4 de septiembre de 2014. Ocho uniones temporales de empresas (UTE) y sociedades se han presentado. Cuando se abrió el concurso, Enresa sostuvo que el contrato con el ganador se firmaría antes del 1 de febrero, un plazo que no se ha cumplido. De hecho, todavía no hay fecha para la apertura del último sobre, en el que los aspirantes debían fijar sus ofertas económicas. Antes de que Gil-Ortega anunciara su dimisión por "razones personales", el Ministerio de Industria, encargado de la tutela de Enresa, mostró abiertamente sus dudas sobre la idoneidad de que el concurso se cerrara sin que el CSN se hubiera pronunciado. De hecho, los permisos del consejo de seguridad son imprescindibles. También, los del Ministerio de Medio Ambiente, que aún tramita la Declaración de Impacto Ambiental.
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