La juez Patricia Fernández ha hecho ese pronunciamiento tras la denuncia presentada por Emerita Resources España SLU, una de las dos empresas que accedieron a la fase final del concurso, resuelto por la Junta de Andalucía el pasado 20 de febrero en favor de la entidad Minorbis-Grupo México (filial de Magtel). La juez investiga la presunta comisión de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal vinculados con el concurso público para la adjudicación de la reapertura de la mina, tal y como ha adelantado este miércoles El Mundo.

Según el auto de la juez no se ha apreciado que la empresa ganadora “cumpliese las exigencias mínimas, ni siquiera, para superar la primera fase del concurso de adjudicación”. Por ello, la instructora considera “imprescindible” recibir declaración a las personas responsables de que Minorbis no fuese excluida en la fase inicial del concurso, entre ellas a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio.

Tanto Asensio como el secretario general de Industria, Vicente Fernández, han defendido la "limpieza" del procedimiento, y han asegurado en una rueda de prensa que "ponen la mano en el fuego" por la inexistencia de irregularidades, pese a las dudas expresadas por la juez. La policía interroga estos días a los 13 funcionarios y técnicos que estuvieron vinculados al proceso de selección de la empresa minera. Ambos altos cargos han asegurado que de momento no han recibido notificación para comparecer en comisaría.

El Ejecutivo autónomo ha defendido el proceso de licitación de la mina, "plenamente transparente", "basado en criterios objetivos predeterminados de antemano", "en igualdad de condiciones para todos", según un comunicado. "Si al final del procedimiento resulta alguna irregularidad no me temblará el pulso en tomar las medidas necesarias", ha asegurado Díaz. La socialista ha dejado claro que todo el procedimiento de concesión "ha contado con la presencia de la Intervención de la Junta y de los servicios jurídicos", porque "siempre se ha buscado el máximo de transparencia, tanto en este proceso como en otros que tenga la Junta", informa Efe.

La juez considera que de la información recabada hasta ahora y, en particular del atestado elaborado por la UDEF, se evidencian indicios de “irregularidades graves” que vendrían a confirmar gran parte de los extremos expuestos por la empresa denunciante.

Emerita denunció que el presidente de la firma adjudicataria Magtel, Mario López Magdaleno, acudió a sus oficinas para negociar una alianza, ya que gracias a sus vínculos con la Junta tenían asegurado ganar el concurso de Aznalcóllar. Ahora la juez considera "imprescindible" que declaren ante la policía todas las personas que supuestamente participaron en esa reunión del pasado 11 de abril, así como al secretario general de Industria, Vicente Fernández, con el que supuestamente habló por teléfono López Magdaleno tras dicha reunión.

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