El documento plantea instaurar un nuevo tributo propio de la Administración autonómica para penalizar las emisiones de CO2, el principal gas de efecto invernadero. El impuesto se aplicará tanto a turismos como a vehículos comerciales de transporte de mercancías hasta 3,5 toneladas.

El plan es aplicarlo a turismos que emitan más de 120 gramos de CO2 por kilómetro recorrido y vehículos comerciales que arrojen más de 140 g/km. Así, se gravará a los que generen más gases que calientan la atmósfera (muchas veces los vehículos más viejos, aunque no siempre). Y cuantos más gases arrojen, más deberían pagar. También se ha previsto cuatro tramos de aplicación progresiva (vehículos de entre 120 gramos de CO2 por km recorrido y 140 g/km, de 140 a 160 g/km, de 160 g/km a 199 g/km y más de 199 g/km).

Estarían exentos del tributo los vehículos oficiales, ambulancias, coches de discapacitados o los que estén propulsados por biodiésel, biogás o metanol.

La aplicación del impuesto se llevaría a cabo de forma paulatina, y su introducción se iniciaría el 1 de enero de 2018. No obstante, todas las previsiones están condicionadas al debate parlamentario y la aprobación previa. La intención es que el proyecto de ley obtenga la luz verde del Govern en esta legislatura, para que pueda ser aprobada definitivamente el año próximo, según fuentes de la dirección general de Polítiques Ambientals. En sus dos programas de gobierno anteriores, CiU había prometido sacar adelante esta ley.

Los electrodomésticos y los neumáticos, excluidos

En el texto actual, sin embargo, se han suavizado las pretensiones sobre fiscalidad ambiental, pues se ha renunciado a establecer gravámenes a los electrodomésticos menos eficientes y por los neumáticos, tras las resistencias del Departament d’Economia. Tales impuestos se descartaron porque podrían perjudicar a sectores desfavorecidos y porque la cantidad por recaudar era despreciable. Por el impuesto sobre el CO2, se espera obtener 47 millones de euros en el 2018.

Además, el anteproyecto de ley plantea como objetivo que Catalunya logre en el 2020 una reducción de emisiones de gases invernadero del 25% respecto al 2005. No obstante, a largo plazo, la finalidad sería recortar estas emisiones hasta un 80% para el año 2050 respecto al mismo año base, en línea con las metas que se están apuntando en las conferencias internacionales para mitigar el calentamiento.

También exige que todas las instalaciones públicas de gestión de residuos, de saneamiento, de aguas residuales urbanas o de potabilización del agua bajo competencia autonómica han de incorporar un porcentaje de energía de origen renovable del 20% para el año 2020. Igualmente, el Executiu deberá elaborar periódicamente un plan de ahorro y eficiencia energética.

Uno de los instrumentos clave para aplicar estas políticas será el Fons Climàtic, que debería nutrirse de los ingresos que provienen del Estado por la subasta de los derechos de emisión de gases invernadero que pagan las industrias (414,644 millones de euros en el 2013), entre otras fuentes. Sin embargo, el Gobierno central se ha venido negando a territorializar estos recursos, pese a que gran parte de las acciones para combatir el calentamiento están en manos de las comunidades autónomas.

El anteproyecto establece orientaciones generales para afrontar el cambio climático en los diversos ámbitos de gestión (agua, biodiversidad, energía, turismo, agricultura…). Así pide que los responsables del transporte público de viajeros informen a los usuarios de la cantidad de gases invernadero emitidos en la prestación de servicio; se invita a los ayuntamientos a introducir la fiscalidad, y se dan pasos para eliminar subvenciones a los combustibles fósiles. Los gestores de puertos, aeropuertos o otros equipamientos que quieran acogerse a ayudas o bonificaciones en sus proyectos han de cumplir determinados requisitos, como analizar su vulnerabilidad frente al cambio climático o justificar cómo van a reducir sus gases.

Para garantizar el acceso a recursos básicos, la Generalitat deberá asegurar un suministro mínimo vital de energía eléctrica, de combustibles no carburantes y de agua, y también, con este fin, diseñar tarifas sociales con precios reducidos o gratuitos para estos servicios vitales.

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