España gasta 3,5 veces menos en defensa del medio ambiente que la media europea. El dinero público destinado a proteger el entorno –no sólo espacios protegidos, sino también la calidad del aire en las ciudades o las aguas de consumo humano– supuso 49 euros por habitante en 2012, según el análisis de Eurostat. La media de los 28 países de la Unión Europea fue de 172 euros.

De los 35 estados de los que recoge información la oficina europea (también aparecen algunos no miembros de la UE como Noruega, Turquía o Serbia), 17 están por encima de España. Algunos muy por encima. El número uno es Noruega que dedica 615 euros públicos por cabeza a conservar su medio. Otros estados destacados son Dinamarca, Bélgica, Finlandia y el Reino Unido, todos por encima de los 200 euros per capita. A ambos lados de España el esfuerzo es mayor: Francia dedicó 184 euros por cada ciudadano y Portugal 79,9.

"Es un reflejo estadístico de la realidad", cuenta el coportavoz de Equo Juan López Uralde. Desde un punto de vista político, Uralde analiza que "constata el abandono y la falta de prioridad hacia las políticas de medio ambiente". Según su visión, la diferencia de gasto público en esta materia entre España y la Unión Europea deja en evidencia "tanto al Gobierno central como a los autonómicos: es inaceptable". Pero, además, el hecho de que estados como Polonia, Lituania, Letonia o Malta destinen más euros constanta, según Uralde, "que muchos países que creemos que están menos desarrollados tienen mejores políticas verdes. Basta con cumplir con la normativa europea para ello". Se refiere el político a que "en España, el país con mayor biodiversidad de Europa occidental, la Red Natura 2000 está abandonada y los niveles de contaminación del aire por encima de los límites legales".

Este gasto se dirige a cosas muy concretas y se nota en un amplio espectro de cuestiones cotidianas. En el cajón está, por ejemplo, la limpieza del aire: ya sea con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o la gestión de contaminantes perjudiciales para la salud (como las micropartículas o el dióxido de nitrógeno). España es, de hecho, la líder en polución por ozono troposférico y tanto Madrid como Barcelona se sitúan entre las peores capitales continentales en la lucha contra el aire sucio.

También abarca la calidad del agua: desde el suministro a las poblaciones al reciclaje una vez utilizada en hogares e industrias. Sin ir más lejos, la UE tiene abiertos 800 casos de vertidos de aguas residuales mal tratadas en España. Además, esas partidas incluyen el mantenimiento de ecosistemas saludables e, incluso, la conservación de suelos fértiles (y sanos) donde se producen los cultivos y alimentos de la población. La Unión Europea califica estas acciones de "vitales". Las políticas que consumen ese gasto "juegan un importante papel" en las estrategia de la Unión, remata.

El gasto público español se concentró, en términos generales, en "protección de paisajes y biodiversidad así como defensa contra la radiación", explica la oficina estadística. "Este camino lleva al deterioro de la calidad de vida de los ciuadanos. Eso, aún no se ha comprendido", abrocha Uralde.

España es la quinta economía de Europa por Producto Interior Bruto (y la cuarta de la Eurozona). Sin embargo, ocupa el último lugar en cuanto al porcentaje de la riqueza nacional que la Administración utiliza en la protección ambiental (algunos estados no facilitan sus datos como Irlanda, Grecia o Islandia). Eurostat estima que la Unión Europea, en general, destina el 0,67% de su PIB. España se queda en el 0,22%. Son 2.200 millones de euros. Parece una cantidad enorme pero países con menos potencia como Países Bajos gastó 8.400 millones (el 1,4% de su PIB de 600.000 millones) o Finlandia que puso 1.340 millones. El Gobierno de Gran Bretaña, que tiene el doble de PIB que España, se gastó el 0,91% de su producto, o lo que es lo mismo: 18.200 millones de euros.

Dinero de las empresas

Aparte del gasto gubernamental, las industrias también aportan fondos. Ya sea mediante proyectos de responsabilidad corporativa, por la obligación de financiar medidas medioambientales compensatorias (para paliar los efectos de alguno de sus proyectos) o para cumplir normativas ambientales. En España, en 2012 (último dato), ese gasto privado ascendió a 2.348 millones, un 1,7% menos que en el ejercicio anterior. En 2008 fueron 3.129.

Las empresas de gas, electricidad y suministro de agua gastaron 5,8 veces menos que la media europea: 214 millones de euros o 5,3 euros por habitante. Otro de los sectores que puede aparecer como más contaminante y agresivo, la industria extractiva (minas y canteras), puso 35 millones de euros, muchos menos que en Europa.

Para los datos de la industria, fuentes de Eurostat aclaran que según la fuerza del sector del país, así cambian las cifras. Y ejemplifica: "En países que todavía dependen mucho de combustibles fósiles para la generación de electricidad, esto puede explicar sus altos grados de gasto de protección desde las industrias eléctricas o gasísticas". De igual manera donde existe una actividad minera significativa (de petróleo o gas) "se dan mayores niveles de gasto de estos sectores como en Finlandia, Polonia, la República Checa, Países Bajos, Reino Unido o Rumanía".

Así que en España, el sector que más dinero gastó en protección fue el de la alimentación, bebidas y tabaco (542 millones) seguido por la industria química y farmacéutica (406 millones), donde se encuadran plantas como la famosa fábrica de cloro de Ercros en Flix (Tarragona). El grupo de cabeza lo cierra la metalurgia que gastó 322 millones.

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